Fundación Impulsa Proyecto de Acuerdo que busca garantizar el acceso a fuentes laborales para discapacitados.

Santiago, Marzo de 2009

La Fundación Nacional de Discapacitados viene educando hace décadas respecto a la necesaria legislación que permita establecer que las empresas públicas y privadas contraten a personas con discapacidad.La Cámara de Diputados acogió nuestra histórica demanda a través de un Proyecto de Acuerdo que indica “Se oficie al Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN) que estudie e implemente un método que garantice a los discapacitados el acceso a fuentes laborales, reservando un porcentaje del 1% de los empleos públicos a personas con discapacidad.

El texto que data del 20 de Noviembre de 2008 continúa CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo con cifras entregadas por la Fundación Nacional de Discapacitados (FND) el número de personas con discapacidad en edad de trabajar en el país, asciende a más de 1.625.000 personas, donde la tasa de cesantía llega al 90%.

2. Que del 10% de personas ocupadas, un 9% corresponde a trabajo informal y solo el 1% a trabajo formal.

3. Que del total de 2 millones y medio de discapacitados en Chile, más del 50% son indigentes, que viven bajo la línea de pobreza.

4. Que de acuerdo a las normas más elementales de nuestro ordenamiento jurídico, “el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible.”

5. Que la Fundación Nacional de Discapacitados (FND) a través de su Presidente Alejandro Hernández, sostiene que con respecto al problema de la discapacidad ”es preciso mirar más allá de las estadísticas , las cifras y los denominados “individuos” para adentrarnos en la realidad de personas, seres humanos, sujetos de derechos que requieren con urgencia que el Estado se encargue de poner en práctica medidas de fondo para cubrir todas las áreas de la vida, como la protección y la seguridad social, salud y servicios sanitarios, educación, empleo, vivienda, transporte, incluyendo la cultura, el ocio y el deporte”.

6. Que en España desde el año 1999, se ha implementado una interesante iniciativa, gracias a la cual existe un sistema informático, soportado en Internet, para el intercambio de información relacionada con el trabajo y la discapacidad. Se ha creado, se ha creado, de esta manera un mercado laboral para las personas con discapacidad, en las que confluyan ofertas y demandas de empleo.

7. Que por definición son necesidades públicas, la suma de las necesidades individuales, en la medida que estas son asumidas por el Estado a través de políticas públicas. El problema de la inserción laboral de discapacitados lamentablemente, en este país no ha sido asumida como una necesidad pública, pues ha quedado entregada su solución al mejor esfuerzo individual que los discapacitados puedan desarrollar.

8. Que el desarrollo de la tecnología permite al día de hoy, la posibilidad de integrar plenamente a personas con discapacidad al trabajo. El denominado “Teletrabajo”, por ejemplo, facilita el desempeño de personas con dificultades para el traslado de un lugar a otro.

9. Que el Ministerio de Planificación nacional (MIDEPLAN) cuenta con las competencias y capacidad para realizar un catastro de las funciones o empleos públicos donde se pueden desempeñar los discapacitados.

10. Que siendo un deber del Estado crear las condiciones sociales que permitan la integración de todas las personas, incluidas las discapacitadas, es preciso reservar a éstas, aquellas funciones o empleos públicos, como una forma de superar la discriminación a la que se ven enfrentadas, producto de su discapacidad.

Finalmente, los diputados que suscriben el presente Proyecto de Acuerdo, piden se oficie el Ministerio de Planificación para que realice un catastro de las funciones o empleos del sector público, con el fin de establecer cuales de dichas funciones o empleos, pueden ser desempeñadas por personas con discapacidad, diseñando un mercado laboral reservado de manera exclusiva para discapacitados, asegurando un 1% de los empleos públicos para este sector.